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El Supremo Tribunal Federal decidió sobre el fondo de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 7715 y declaró nula una ley de Mato Grosso que establece sanciones a ocupantes ilegales e invasores de propiedades privadas rurales y urbanas en su territorio.
La ley estatal prevé sanciones que incluyen restricciones a los beneficios sociales, la prohibición de ocupar cargos públicos y la imposibilidad de contratar con el gobierno estatal.
En la acción, la Procuraduría General de la República (PGR) alegó que la Ley Estatal 12.430/2024 había invadido la competencia exclusiva de la Unión para legislar en materia penal y emitir reglas generales sobre licitaciones y contrataciones públicas.
En septiembre de 2024, el ponente de la acción, el ministro Flávio Dino, suspendió temporalmente la norma. El Pleno respaldó la decisión el mes siguiente y ahora ha juzgado los méritos de la acción.
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