Procuraduría General de la República de Brasil solicita prórroga de suspensión de ley que afecta Moratoria de la Soja.

Agencia advierte sobre riesgo ambiental y aboga por debate institucional sobre acuerdos privados de sostenibilidad.

02.01.2026 | 11:42 (UTC -3)
Revista Cultivar, con base en información de la Procuraduría General de la República.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

La Procuraduría General de la República de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal la prórroga por 120 días más de la suspensión de la ley del estado de Mato Grosso que prohíbe las exenciones fiscales y la transferencia de tierras públicas a empresas que hayan firmado acuerdos comerciales destinados a limitar la expansión de la agricultura. Esta ley afecta iniciativas como la Moratoria de la Soja.

La solicitud fue enviada al ministro Flávio Dino, ponente de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 7774.

La suspensión de la ley estatal n.º 12.709/2024 se determinó mediante decisión del relator, ratificada posteriormente por el pleno del Supremo Tribunal Federal. El acuerdo prevé la reanudación de la vigencia de la ley a partir del 1 de enero de 2026.

En su comunicado, la Procuraduría General de la República argumenta que la eliminación de incentivos fiscales podría incentivar a las empresas del sector a abandonar sus compromisos ambientales voluntarios. La agencia cita una nota técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Procuraduría General de la República (PGR) también aboga por la creación de un foro de diálogo consensuado entre empresas y gobierno. El debate se llevaría a cabo en la Cámara para la Promoción de la Seguridad Jurídica en el Entorno Empresarial (Sejan) de la PGR. La solicitud para establecer el foro provino del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Según la petición, las instituciones públicas deben abordar el tema de forma integral. El enfoque no debe limitarse a un acuerdo específico. El texto propone la construcción de un modelo general para orientar la participación y el seguimiento del Estado brasileño en acuerdos privados voluntarios que establezcan parámetros de sostenibilidad.

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