Las negociaciones sobre las deudas rurales concluyen sin acuerdo.

Miembros del Frente Parlamentario Agrícola (FPA) se reunieron este martes 7 de julio con el equipo económico del gobierno para escuchar propuestas relacionadas con la deuda rural. La reunión concluyó sin acuerdo, pero el grupo dejó claro que no tiene intención de abandonar los pilares del Proyecto de Ley 5.122/2023.

“Comprendemos que quienes sufrieron pérdidas relacionadas con el clima realmente necesitan asistencia, especialmente quienes viven en Rio Grande do Sul, una situación muy urgente que debemos resolver. Pero el núcleo del texto aprobado en el Senado fue precisamente la inclusión de quienes sufrieron pérdidas de ingresos debido a problemas de deuda rural. Por lo tanto, insistiremos en esto y no cederemos en absoluto”, destacó el presidente del FPA, el diputado Pedro Lupion (en la foto). 

La reunión tuvo lugar en la fase final de la tramitación del proyecto de ley. El texto se originó en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el año pasado. En junio, pasó por el Senado Federal y regresó a la Cámara tras sufrir modificaciones. Ahora, los diputados deben decidir si aprueban o no los cambios introducidos por los senadores. No hay margen para más modificaciones. 

Según Lupion, el gobierno presentó la idea de una Medida Provisional (MP) como alternativa al proyecto de ley. Afirmó que existe consenso sobre "una buena parte" de las sugerencias, ya que abordan puntos de la propuesta legislativa. Sin embargo, aún quedan por debatir cuestiones cruciales, como el monto de las operaciones, los criterios para clasificar a los productores y las condiciones de las tasas y plazos de interés.

La propuesta aprobada en el Senado garantiza:

• Límite de crédito de R$10 millones por beneficiario y hasta R$50 millones para cooperativas;
• La elegibilidad se basa en la comprobación de una pérdida de al menos el 30% de los ingresos brutos en al menos dos o más cosechas entre 2019 y 2025;
• Los tipos de interés oscilan entre el 3,5% y el 7,5%, dependiendo del tamaño del productor, con plazos de hasta 13 años, incluyendo un período de gracia mínimo de dos años.

Sin embargo, la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda este martes tiene puntos diferentes:

• máximo de R$ 8 millones por beneficiario;

• Los productores afectados por condiciones climáticas adversas serían los beneficiarios, sin tener en cuenta a los productores que sufrieron una pérdida de ingresos;
• Tipos de interés que oscilan entre el 6% y el 12% y plazos de amortización de hasta 8 años, con un período de gracia de dos años durante el cual se pagan los intereses.

La propuesta presentada por el gobierno mantiene el alcance previsto en el proyecto de ley, es decir, que los eventos problemáticos deben ocurrir en las cosechas comprendidas entre 2019 y 2025. Asimismo, se conservó el plazo para las operaciones morosas, que abarca las deudas impagadas entre el 1 de enero de 2024 y mayo de 2026.

Respecto al uso de los fondos constitucionales, Lupion afirmó que el gobierno no ha cuestionado el uso de estos recursos. En cuanto a la creación de un fondo de garantía, existen indicios positivos de que esta medida también contará con el respaldo del Poder Ejecutivo.

“Discutimos sobre la composición del fondo de garantía, que supone un costo para el gobierno. Hablamos del impacto principal de la igualación de las tasas de interés, pero el gobierno incluso está de acuerdo con la necesidad de este fondo de garantía para mitigar dicho impacto. Y en ningún momento se cuestionó la constitucionalidad de los fondos”, comentó el presidente de la FPA.

Pasos siguientes

Asimismo, el martes 7 de julio, los equipos técnicos que participaron en la elaboración del proyecto de ley analizarán las propuestas presentadas por el gobierno. El objetivo es determinar hasta qué punto es posible lograr una convergencia con el texto que se encuentra en el Congreso Nacional.

“Trabajaremos para ver hasta dónde podemos llegar con este texto, para determinar el límite y los criterios de elegibilidad, las tasas de interés, el costo de esta igualación y la posibilidad de beneficiar al mayor número posible de productores”, declaró Lupion. Aun así, el presidente del grupo parlamentario recalcó que la base del debate es lo propuesto en el Proyecto de Ley 5.122/23. “No aceptamos el final del proyecto del Senado”, afirmó.

Si no se llega a un acuerdo, la intención del grupo es seguir adelante con el texto aprobado por los senadores. "Si no hay acuerdo, entonces tenemos instrumentos de presión", indicó Lupion.