La Comisión Europea publicó hoy su primer informe de evaluación sobre la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (PDC) en la cadena agroalimentaria. El documento argumenta que la legislación ya contribuye a un entorno empresarial más justo entre productores y compradores, a pesar de su escasa vigencia.
Entre 2021 y 2024, los países miembros abrieron más de 4.500 investigaciones sobre prácticas desleales. Un tercio de los casos cerrados detectaron infracciones. Las autoridades impusieron 754 sanciones, por un total de 41,9 millones de euros en multas entre 2022 y 2024. El creciente número de acciones y sanciones indica un mayor compromiso institucional en la lucha contra las prácticas comerciales desleales.
La Directiva busca corregir el desequilibrio de poder en la cadena de suministro, donde agricultores y pequeños proveedores se enfrentan a condiciones contractuales impuestas por compradores más grandes. La legislación establece estándares mínimos en toda la Unión Europea, lo que permite a los países adoptar normas más estrictas.
A pesar de los avances, el informe advierte del bajo número de denuncias presentadas por los productores, motivadas por el temor a represalias. Las organizaciones de productores, incluidas las de fuera de la UE, podrían desempeñar un papel más activo presentando denuncias en nombre de sus miembros.
Otro punto crítico es el uso limitado de investigaciones proactivas por parte de los organismos nacionales. Por otro lado, las denuncias anónimas han ayudado a las autoridades a investigar estas prácticas.
La Comisión identificó la necesidad de dar a conocer la Directiva a los pequeños agricultores y proveedores. También señaló deficiencias en la cooperación entre países en casos transfronterizos. Para corregir esto, una nueva propuesta, ya aprobada políticamente en noviembre, pretende fortalecer la acción conjunta entre las autoridades nacionales.
La evaluación concluyó que los costes de implementación de la Directiva son proporcionales a los beneficios, especialmente para los pequeños proveedores y los productores primarios. El texto también confirma que la legislación es coherente con otras iniciativas de la UE y aporta valor a la protección del sector.
El informe se basó en estudios independientes. Un análisis evaluó datos secundarios y recopiló información mediante entrevistas, encuestas y grupos de discusión con representantes de la cadena agroalimentaria. Otro estudio examinó las iniciativas nacionales y voluntarias de remuneración justa para los agricultores, complementando el contexto de la evaluación, aunque sin analizar directamente la Directiva.
La Comisión remitirá el informe al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a los comités consultivos. Basándose en las conclusiones, se propone revisar la normativa vigente para reforzar la protección de los agricultores. La medida fue anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025.
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