Tarifaço: el sector de la aviación agrícola advierte de posibles represalias

A pocos días de la entrada en vigor del arancel del 50% impuesto por Estados Unidos a los productos brasileños, el Sindicato Nacional de Empresas de Aviación Agrícola (Sindag) advirtió al gobierno federal sobre los riesgos de posibles represalias que podrían afectar negativamente al sector. La entidad se reunió el martes (29) con representantes de la Secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales (SCRI) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa), en Brasilia.

Si bien el aumento arancelario afecta directamente a exportaciones como la carne de res, la fruta y la madera, Sindag teme efectos indirectos, como una disminución en el número de productores atendidos por la aviación agrícola y, en particular, la inclusión de aeronaves, piezas y motores importados de EE. UU. en una posible lista de contramedidas. Aproximadamente dos tercios de la flota de aviación agrícola brasileña —compuesta por más de 2,7 aeronaves— son importadas, e incluso modelos fabricados en Brasil, como el Ipanema, utilizan componentes estadounidenses.

"Sin acceso a estos suministros, no podemos mantener la productividad en los campos", declaró Cláudio Júnior Oliveira, director de Sindag, durante la reunión. Destacó que la aviación agrícola atiende más de 29 cultivos y cubre 140 millones de hectáreas, además de combatir incendios forestales.

Por parte del gobierno, el subsecretario del SCRI, Marcel Pinto, reconoció que los impactos en el sector aún se discutían poco a nivel interno y prometió llevar el asunto directamente al ministro Carlos Fávaro. El Ministerio también indicó que está trabajando en tres frentes: negociaciones con EE. UU., apertura de nuevos mercados y evaluación de posibles medidas internas para preservar sectores estratégicos, como la aviación agrícola.

Al finalizar la reunión, Sindag se comprometió a presentar a Mapa un estudio detallado sobre el impacto de posibles represalias en el sector. El Ministerio indicó que el asunto se someterá a la consideración del Comité Interministerial de Contramedidas, coordinado por el vicepresidente Geraldo Alckmin.