El Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ) pone fin a 34 años de disputa sobre tierras indígenas en Mato Grosso do Sul.

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) ratificó hoy (26 de enero) el acuerdo que pone fin a una disputa legal de 34 años sobre la propiedad de la Tierra Indígena Jarará, ubicada en el municipio de Juti, Mato Grosso do Sul. La mediación se llevó a cabo en el marco del Centro Judicial de Resolución de Conflictos (Cejusc/STJ) del STJ, bajo la supervisión del ministro Paulo Sérgio Domingues.

El caso se refería a la posesión y propiedad de una zona rural ubicada en territorio tradicionalmente ocupado por indígenas de la etnia guaraní kaiowá. El conflicto surgió a raíz del reconocimiento administrativo de la propiedad otorgado al propietario rural, mientras que la zona fue posteriormente declarada tierra indígena mediante un decreto interministerial, ratificado por decreto presidencial.

Según el acuerdo, el Gobierno Federal pagará una indemnización de R$ 6 millones, mediante pagos judiciales, para reembolsar las mejoras realizadas a la propiedad. A cambio, la propiedad se incorporará al patrimonio del Gobierno Federal, que podrá presentar una demanda contra el estado de Mato Grosso do Sul, responsable de la emisión del título que dio origen a la controversia.

Según el relator del caso, ministro Teodoro Silva Santos, se realizaron cuatro audiencias de mediación, con participación de las partes y del Ministerio Público Federal, además de una reunión en el propio territorio indígena, paso considerado fundamental para la construcción de una solución consensuada.

¿Qué dice el sector agrícola?

Según Marcelo Bertoni, presidente del Sistema Famasul – Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul, la ratificación del acuerdo es un ejemplo más de cómo el diálogo puede generar soluciones y traer seguridad jurídica al sector agrícola. 

Este acuerdo demuestra que es posible encontrar una solución cuando hay madurez de todas las partes involucradas y disposición al diálogo. Se trata de una familia que esperó más de 30 años una decisión de la justicia para hacer valer sus derechos, al igual que los pueblos indígenas, afirmó.