El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) decidió el martes 30 de septiembre suspender temporalmente la medida preventiva que detuvo los efectos de la llamada Moratoria de la Soja, un acuerdo firmado en 2006 entre empresas comercializadoras y organizaciones no gubernamentales. Con esta decisión, la moratoria permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y solo se suspenderá efectivamente a partir del 1 de enero de 2026.
La medida preventiva fue adoptada por la Superintendencia General del Cade, que consideró la moratoria un acuerdo anticompetitivo entre competidores, con el potencial de causar daños irreparables o de difícil reparación al mercado. La agencia consideró que el mecanismo restringía la libre empresa y perjudicaba las exportaciones de soja al imponer condiciones privadas similares a las regulaciones brasileñas.
La Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso (Famato) recibió con alivio la decisión del tribunal. La organización considera que mantener temporalmente el pacto hasta finales de 2025 evita la incertidumbre a corto plazo, pero enfatiza que su suspensión permanente es esencial para restablecer la seguridad jurídica de los productores que ya cumplen estrictamente con el Código Forestal y la legislación ambiental brasileña.
“La moratoria no puede confundirse con la certificación ambiental, pues se trata de un acuerdo privado, sin respaldo legal, que genera una doble penalización para los productores rurales. Brasil cuenta con una de las legislaciones ambientales más estrictas del mundo, con instrumentos como el Código Forestal, que garantiza la preservación en porcentajes únicos y brinda seguridad jurídica al sector productivo”, afirmó Vilmondes Tomain.
Para Famato, la perpetuación de la moratoria debilita la competitividad de la agricultura brasileña y envía al mercado internacional el mensaje engañoso de que la sostenibilidad nacional depende de normas paralelas, cuando en realidad ya está garantizada por instrumentos oficiales y auditables. La organización argumenta que la verdadera protección ambiental implica combatir la deforestación ilegal y una supervisión gubernamental eficaz, no imponer restricciones privadas.
El sector productivo rural sostiene que el acuerdo viola la libre competencia y penaliza a los agricultores que abrieron legalmente nuevas áreas después de 2008.
Famato reafirma su respeto a la preservación del medio ambiente y a la imagen de Brasil en el escenario internacional, pero enfatiza que esto debe lograrse a través del cumplimiento de las leyes nacionales, garantizando la soberanía, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector productivo que sustenta la economía y alimenta al mundo.
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