CNA presenta una queja ante la Corte Suprema contra el uso de Prodes en el crédito rural.

La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) presentó este miércoles (15 de abril) una demanda ante el Tribunal Supremo Federal (STF) para suspender las resoluciones del Consejo Monetario Nacional (CMN) que autorizan el uso de datos del Programa de Monitoreo de la Deforestación por Satélite (Prodes) para la concesión de créditos rurales.

Las Resoluciones N.º 5.268/2025 y N.º 5.193/2024 estipulan que las entidades financieras deben comenzar a utilizar la información del sistema en los análisis crediticios de propiedades con una superficie superior a cuatro módulos fiscales en todo el país, a partir del 1 de abril.

En la práctica, según la CNA, la medida crea un paso de verificación adicional basado en teledetección que no distingue automáticamente entre la deforestación legal —autorizada por las agencias ambientales— y las prácticas ilegales. La organización también señala riesgos de inconsistencias, como la superposición de áreas entre propiedades y polígonos identificados por el sistema.

En la demanda, la CNA argumenta que la normativa viola las garantías constitucionales al presumir irregularidades sin asegurar el derecho de los productores a una defensa previa. "La normativa, bajo el pretexto erróneo de la protección ambiental, ignora la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a una defensa plena, culminando en el desprecio por los derechos de propiedad", sostiene la organización.

La Confederación también señala que la normativa impone una penalización anticipada al productor, al restringir el acceso al crédito antes de que se analicen las justificaciones. Según la CNA, este modelo permite al productor demostrar el cumplimiento solo después de sufrir las consecuencias de la restricción. «La suspensión del crédito mientras la entidad financiera analiza la documentación puede hacer que la cosecha sea inviable», subraya.

Otro punto que se plantea es la posibilidad de que el sistema identifique la supresión de vegetación que, en la práctica, se produjo legalmente, lo cual, según la organización, no puede interpretarse automáticamente como una irregularidad.

En sus alegatos presentados ante el Tribunal Supremo Federal (TSF), la CNA (Confederación Nacional de Agricultura) sostiene que las normas administrativas con impacto directo en los derechos de propiedad deben respetar plenamente las garantías fundamentales. Según la organización, la falta de un plazo claro para el análisis de las justificaciones agrava el problema al prolongar las restricciones crediticias.

La Confederación también advierte sobre las repercusiones económicas de la medida. En un escenario considerado "delicado", con el aumento de los costos de los insumos, como los fertilizantes, y la caída de los precios de las materias primas, restringir el crédito podría comprometer la producción. "En la práctica, eliminar el acceso al crédito impide que el productor produzca", afirma.

La acción, un Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medidas cautelares, fue remitida al Ministro Gilmar Mendes.