La importancia de CPR Verde para el futuro del agronegocio

En una década marcada por la proliferación de inversiones sostenibles, el Certificado de Producto Rural Verde (CPR) emerge como una potencial fuente de financiación para el sector agrícola brasileño. Es un instrumento que tiene como objetivo recaudar recursos financieros para mantener las operaciones agrícolas y, al mismo tiempo, preservar la biodiversidad.

Recientemente, la Ley 8.929/94 (Ley CPR) sufrió varios cambios a través de la Ley 13.986/20 (Ley Agro). Entre ellos, la inclusión del inciso II en el §2 del art. 1º, que permitió la expedición de CPR “relacionados con la conservación de los bosques nativos y sus respectivos biomas y el manejo de los bosques nativos en el ámbito del programa de concesiones forestales públicas, u obtenidos en otras actividades forestales que el Poder Ejecutivo pueda definir como ambientalmente sustentable”, operación recientemente reglamentada por el Decreto 10.828/21.

El CPR, en su concepción original, permite a los productores rurales captar los recursos o insumos necesarios para operar su cosecha a cambio de parte de su producción. ¿Cuál sería entonces el papel de CPR Verde? En un país como Brasil, donde en algunas regiones los productores rurales están obligados a preservar obligatoriamente parte de su superficie total como reserva legal, la CPR Verde aparece como un instrumento para remunerar esta preservación y fomentar la ampliación del área preservada a cambio de capital.

Con el cambio, existe la posibilidad de que los productores rurales puedan ser remunerados por una actividad que ya realizan en estricto cumplimiento de la ley -mantenimiento y conservación del bosque nativo- y reciban un incentivo para ampliar esta actividad, lo que ayudará a mitigar los daños ambientales muchas veces atribuidos a la producción rural. Además, la medida contribuirá a mejorar la imagen de la agroindustria brasileña en el mercado interno y externo, atribuida en gran medida a la deforestación.

Desde el punto de vista de la financiación, no faltan interesados ​​en la aplicación y difusión del instrumento. Las empresas que por su actividad liberen gases nocivos al medio ambiente podrán utilizar un mecanismo capaz de garantizar los créditos de carbono necesarios para compensar los daños que causen.

Este escenario cobra más fuerza dados los compromisos asumidos recientemente en la COP 26, como el pacto para reducir las emisiones de gas metanol hasta un 30% para 2030 y la declaración de restaurar y proteger los bosques del planeta –entre los que se incluye la Amazonía brasileña–, con inversiones estimado en 19,2 millones de dólares.

Aún quedan cuestiones por superar para popularizar el título, como saber quién será el responsable de certificar el instrumento, la forma en que se monitorearán los compromisos firmados, el papel de las instituciones gubernamentales en su validación y cómo se regulará el mercado de instrumentos. Crédito de carbono brasileño, entre otros temas.

A pesar de todas estas incertidumbres, no hay impedimento para que quien ya quiera aprovechar los cambios implementados. La conservación del medio ambiente, mediante el uso de técnicas de seguimiento de cosecha/producto conocidas en el mercado, puede ser una condición o incluso una garantía para la emisión de un CPR tradicional.

Vale recordar que, en 2021, se estableció la Política Nacional de Pagos por Servicios Ambientales (Ley 14.119/21), que refuerza un enfoque más sostenible en materia ambiental. Quienes ven los cambios implementados en la Nueva Ley Agro como una oportunidad para nuevos negocios ya están a la vanguardia en aprovechar los beneficios que brindan estas innovaciones legales.

por  João Reis e Luis Fernando Ticianeli Ferreira; socio y abogado del área de Litigios de Machado Meyer Advogados