Crisis crediticia agrava riesgos para productores rurales.

La agricultura brasileña se encuentra en un momento decisivo. En un sector estructuralmente vulnerable —expuesto al clima, los tipos de cambio, las fluctuaciones del mercado, las epizootias, las políticas públicas e incluso los conflictos internacionales— cualquier inestabilidad se traduce rápidamente en riesgo. Hoy en día, este riesgo ha alcanzado proporciones alarmantes. Se respira un ambiente de aprensión. El creciente número de productores rurales, de todos los tamaños, que recurren a la reorganización judicial (RJ) es la señal más contundente de que algo anda muy mal.

En todas las cadenas de producción, sin excepción, los costos de producción se han disparado. Los insumos, las semillas, la energía y la mano de obra denominados en dólares se han encarecido en general. El resultado es cruel: márgenes reducidos, negocios inviables y operaciones con pérdidas. Al mismo tiempo, la escalada de la tasa Selic ha agravado las deudas y ha incrementado drásticamente el costo del capital, expandiendo el endeudamiento y limitando la capacidad de reacción de los productores.

La falta de recursos para el crédito rural se ha convertido en un problema cotidiano para el campo brasileño. Las líneas de crédito para gastos operativos e inversiones —que deberían garantizar estabilidad, continuidad y planificación— llegan tarde, en cantidades insuficientes o simplemente no llegan. La escasez de recursos es actualmente el mayor obstáculo para mantener la producción activa y evitar un colapso inminente. Este es un punto al que el Gobierno Federal debe prestar atención urgentemente.

Las consecuencias de este desequilibrio pronto se harán evidentes. Un menor acceso al crédito implica una menor producción, cosechas en declive, una reducción de la oferta e, inevitablemente, alimentos más caros para los consumidores. Brasil ya cometió este error estratégico en el pasado y lo pagó caro con el aumento de la inflación. Repetirlo ahora sería imperdonable.

La consecuencia de este escenario es la explosión de solicitudes de reorganización judicial, que ya sumaron 2.273 solo en 2024, un aumento del 62 % con respecto al año anterior, y que seguirán aumentando en 2025. Si bien la reorganización judicial es un instrumento legítimo que reequilibra la relación entre productores e instituciones financieras, no puede convertirse en la norma. Cuando miles de empresarios agrícolas recurren a este mecanismo, lo que está en crisis no es solo la capacidad de pago, sino la política agrícola del país.

Los fenómenos meteorológicos extremos, la volatilidad de los precios de las materias primas, la contracción del crédito y la inestabilidad económica han creado una tormenta perfecta. Los productores rurales, quienes sustentan la seguridad alimentaria, la balanza comercial y las economías de cientos de municipios, no pueden quedar abandonados a su suerte.

Es responsabilidad del Estado aumentar de inmediato el volumen de recursos subsidiados para el crédito rural. El crédito rural no es un favor ni un privilegio: es una política pública estructurada que garantiza la producción, el suministro y la estabilidad económica. Sin él, no hay agricultura fuerte, ni campo vibrante, ni futuro.

Brasil necesita actuar antes de que la crisis se vuelva irreversible. El sector agrícola clama por ayuda, e ignorar esta súplica comprometería no solo la producción actual, sino el futuro de todo el país.

*Por José Zeferino Pedrozo, presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de SC (Faesc) y del Servicio Nacional de Aprendizaje Rural (Senar/SC)