Bioinsumos: importancia de la evaluación calificada de las políticas públicas agropecuarias

Brasil tiene una vasta historia de políticas públicas dirigidas al desarrollo rural, buscando impulsar la producción agrícola de forma sostenible. Sin embargo, a menudo se descuida la evaluación de estas políticas, lo que compromete la eficiencia de los programas y dificulta la corrección de las distorsiones. Entre ellos se encuentran el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO), lanzado en 2013, la implementación de la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PNAPO) y el Programa de Bioinsumos (PNB), cuyos análisis ex post revelaron desafíos y limitaciones que pueden servir de aprendizaje para otras iniciativas.

Creado en 2020, el PNB surge como una política pública innovadora para promover el uso de bioinsumos en la agricultura, reduciendo la dependencia de los insumos químicos convencionales. La promesa era impulsar la producción sostenible y fortalecer la bioeconomía en Brasil. Pero esta propuesta es muy similar a la presentada por PLANAPO en 2013. Sin embargo, análisis preliminares revelan que el impacto directo del programa fue limitado o casi inexistente, ya que la adopción de bioinsumos estuvo más asociada a factores económicos estructurales (aumento del valor de la producción y búsqueda de reducción de costos) que a directrices de política.

Entre los problemas identificados se destaca la falta de bases de datos confiables que permitan una evaluación robusta de los efectos del programa. La falta de información precisa dificulta la formulación de nuevas estrategias y puede comprometer la eficacia de la política a largo plazo. Otro punto crítico es la fuerte concentración del mercado de bioinsumos en unas pocas especies de agentes biológicos. Hay unas pocas empresas con muchos productos mientras que la mayoría de las empresas registradas sólo tienen un producto. Esto, sin duda, es un sesgo que dificulta ampliar la competencia y el acceso de los productores rurales a estos insumos.

La experiencia con Bioinsumos, desde su origen en el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica – PLANAPO, destaca la importancia del acompañamiento continuo y de una evaluación cualificada de las políticas públicas rurales. Las políticas bien intencionadas, pero sin un análisis riguroso de sus impactos e implementación, corren el riesgo de convertirse en meras declaraciones de intenciones, sin efecto práctico.

Sin embargo, podemos dedicar parte del mérito de la publicación de la Ley 15.070 del 23 de diciembre de 2024 a la política de bioinsumos. La movilización realizada a partir de la necesidad de separar los productos químicos convencionales de los innovadores, provenientes de origen biológico, tuvo un efecto impresionante. Una parte de este resultado será absorbido por las denominadas producciones “on farm”, que necesitarán en el futuro un entorno regulatorio específico.

El análisis de la eficiencia, eficacia y efectividad de los programas debe ser parte integral del ciclo de formulación e implementación de las políticas públicas. Los modelos econométricos, el análisis de impacto y los datos sistematizados son herramientas esenciales para evitar el desperdicio de recursos y garantizar que las políticas beneficien realmente a los productores rurales y a la sociedad en su conjunto.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) emitió una recomendación al Ministerio de Planificación para que realice un análisis más detallado del Plan Plurianual (PPA) con el objetivo de evitar la superposición de programas rurales. Esta medida resalta la necesidad de mejorar los mecanismos de evaluación y seguimiento de las políticas públicas en el sector agropecuario.

La superposición de programas puede dar lugar a desperdicio de recursos y conflictos en la ejecución de iniciativas que deberían ser complementarias. La recomendación del TCU señala que hay espacio para una mayor integración y planificación estratégica, garantizando que las políticas realmente satisfagan las necesidades del sector productivo sin dispersar las inversiones en iniciativas competitivas o ineficientes.

El caso del PLANAPO, y su derivación en un programa de bioinsumos, además de la reciente recomendación del TCU, refuerzan la urgencia de mejorar el análisis de las políticas públicas rurales. Brasil necesita adoptar una cultura de evaluación continua, basada en evidencia concreta, para garantizar que los programas implementados alcancen los resultados esperados y beneficien efectivamente a los agricultores y a la economía agrícola.

La insistencia en desarrollar un programa de reducción del uso de agrotóxicos (PNARA), proveniente del mismo PLANAPO, parece ser la misma cortina de humo que nunca tuvo métricas, metas y no tiene futuro. Identificar los problemas reales de la producción agrícola y abordarlos de forma estratégica y eficiente parece ser la conclusión obvia de los auditores del TCU.

Sin una estructura de seguimiento eficiente, corremos el riesgo de perpetuar políticas ineficaces y desperdiciar recursos que podrían asignarse mejor. La evaluación cualificada debe ser la columna vertebral de las decisiones gubernamentales, garantizando un sector agrícola más competitivo, innovador y sostenible. Ya no hay lugar para discursos sin contenidos, programas sin indicadores y gestores sin compromiso.

por Luis Eduardo Pacifici Rangel, ingeniero agrónomo